Reto 3: Compartiendo “proyectos ODS”

¿La Administración está lanzando un proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente “emprendedor”?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), como ya he comentado en mis anteriores entradas, ha desarrollado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con el horizonte del año 2030. La misma se vertebra a través de 9 Ejes con sus correspondientes medidas de ejecución, que son claro ejemplo de la definición de objetivos y de su consecución "sin dejar a nadie atrás". Destaco aquí el Eje 4, dedicado a la Movilidad de bajas emisiones, porque se centra en apoyar el desarrollo de fuentes de energías alternativas y sostenibles para el transporte; en estimular los medios de transporte de bajas emisiones, para reducir la contaminación atmosférica y acústica del transporte; y en la renovación del parque de vehículos para reducir su edad. 

Esta Estrategia responde a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, e inspirada en los principios del Pacto Verde Europeo. Por todo ello, la Estrategia había de ser capitaneada por el Estado, y más en concreto por el MITMA, que, por tener competencias en transporte en el territorio nacional, es el actor adecuado para dirigir las nuevas políticas de movilidad, con un enfoque integrador y homogeneizador. En efecto, tiene adscritas un número relevante de entidades y empresas que tienen una función esencial en la movilidad. Algunas son entidades gestoras de infraestructuras, como Aena en el caso de los aeropuertos de interés general; Adif y Adif-Alta velocidad como gestores de la red ferroviaria de interés general; o Puertos del Estado como gestor del sistema portuario de interés general. Otras de las entidades adscritas son prestadoras de servicios, como Enaire, que provee los servicios de navegación aérea, o Renfe, operadora y prestadora de servicios ferroviarios, tanto de viajeros como de mercancías. Y otras, como AESA, SASEMAR y AESF lideran la supervisión de la seguridad. Estas entidades adscritas al MITMA actuarán como punta de lanza de este nuevo enfoque en el ámbito de la movilidad.

¿De qué manera el sector público adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?

Al tratarse de una estrategia nacional para el transporte, solo el sector público puede ser catalizador del cambio, pero además, en un sentido amplio, y no solo referido al MITMA, porque las transformaciones que la estrategia implica no interpelan únicamente al transporte, sino también a sectores tan dispares como el de la energía, el urbanismo, la industria, las telecomunicaciones, la innovación, la fiscalidad o el territorio. En segundo lugar, porque hay distintas Administraciones con competencias en la materia. Y, finalmente, porque la nueva movilidad exige concienciar a la ciudadanía para que adopte patrones de conducta diferentes a los actuales, aspecto en el que pueden colaborar también los medios de comunicación, universidades, sindicatos y asociaciones. 

El sector público cuenta, además, con diversos instrumentos para poder desarrollar una política de movilidad nacional: 

• La regulación, como la capacidad de impulsar textos legales y de desarrollar, a través de varios Ministerios, normativa en los ámbitos en los que la Administración General del Estado tiene competencias. En este sentido, la Estrategia culminará con una futura Ley de Movilidad Sostenible actualmente en tramitación parlamentaria. 

 • Un alto presupuesto de inversión, que se puede asignar a la ejecución de las distintas iniciativas y reorientar hacia la consecución de los objetivos y principios de la Estrategia de Movilidad. Destaca el papel que tendrá el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. 

• Las empresas y entidades públicas vinculadas al MITMA que, como gestores de infraestructuras, proveedores y operadores de servicios, tendrán un papel esencial a la hora de cumplir los objetivos de la Estrategia y actuarán como “punta de lanza” en muchas de ellas 

• Instrumentos de coordinación y cooperación entre Administraciones y la sociedad. En este sentido, teniendo en cuenta estos principios, la Estrategia se sometió a un proceso de participación pública ambicioso: el “Diálogo Abierto de Movilidad” de 100 días de duración, en el que se puso a disposición pública un documento borrador inicial de la Estrategia (“Documento para el Debate”), se realizaron todo tipo de eventos y se utilizaron herramientas de participación ciudadana sobre la base de una página web. Adicionalmente al Diálogo Abierto, se llevaron a cabo una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, encuestas a agentes del sector y talleres territoriales sobre movilidad cotidiana con ciudadanos de diversos municipios españoles.

¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?

De ninguna manera habría sido posible, porque la Estrategia tiene algunos elementos integrantes que no están al alcance de la iniciativa privada. Cierto es que los rápidos avances en tecnología y los cambios en las pautas de movilidad han generado incertidumbres en el sector del transporte en general, acentuadas en el sector público en particular, donde generalmente la velocidad de adaptación es menor. Pero, las políticas de movilidad, por su carácter transversal, requieren de la coordinación y cooperación entre todas las Administraciones públicas y otros agentes involucrados, para tener en cuenta las distintas perspectivas y crear una base de conocimientos compartidos. 

Además, el MITMA desempeña en la Estrategia un papel dual como catalizador de la innovación, a saber: de un lado, como garante de derechos (seguridad de los usuarios, calidad del servicio, el mantenimiento de los puestos de trabajo, etc...)  y de la igualdad; y, de otro, como planificador y gestor de servicios públicos en una economía de mercado eficiente, facilitando un desarrollo de la actividad económica libre de cargas u obstáculos innecesarios y sin interferir en el espíritu innovador del sector privado. Asimismo, el MITMA ha diseñado una estrategia en la que el centro de la movilidad es el usuario, y los proyectos de transporte inciden directamente en la vida de las comunidades donde se ejecutan. Por este motivo, la planificación se ha basado en un proceso de participación pública abierto y transparente, buscando la implicación real por parte de la ciudadanía (public engagement). Todo esto hubiera sido difícil de conseguir por el sector privado exclusivamente.

Reto 2: ¿Qué elementos caracterizan el trabajo en alianza?

1. En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son varios los proyectos o estrategias puestas en marcha que están alineadas con los Objetivos de la Agenda 2030, como ya expuse en mi anterior entrada. Pero es sobre todo la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2020–2030, la que lo hace en mayor medida.

Esta Estrategia fue aprobada por el Gobierno de España en junio de 2021 en Consejo de Ministros, y supone la hoja de ruta para esta década en el despliegue de la Agenda 2030 en nuestro país. Impacta de manera transversal en catorce de los diecisiete ODS y actúa como catalizador del resto de la Agenda 2030. Los principales ODS a los que impacta plenamente la Estrategia son seis: 

1. ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, porque el Eje 1 se centra en proporcionar soluciones de movilidad pública accesibles y asequibles para todos los ciudadanos y en todos los territorios, buscando, entre otros muchos aspectos, que los peatones y los ciclistas recuperen espacio urbano, hasta ahora conquistado por el automóvil.
2. ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, porque se pretende el abandono progresivo de los combustibles fósiles para dar paso a vehículos eléctricos o de hidrógeno, que además serán conectados, autónomos y compartidos. Asimismo, la descarbonización del transporte marítimo y aéreo aparece entre sus objetivos.
3. ODS 3 “Salud y Bienestar”, en línea con la reducción de emisiones y contaminación proveniente de los modos de transporte, y porque prioriza aquellas inversiones que supongan un mayor beneficio social.
4. ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, porque su Eje 8 aborda las materias laborales y sociales, incluyendo el papel de la mujer en el sector transporte y mejorando la formación de los profesionales.
5. ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, porque la Estrategia abre enormes oportunidades para el tejido productivo y para el fomento de la innovación en España, al abrazar soluciones de movilidad cotidiana, la digitalización del transporte y porque la recopilación y análisis masivos de datos contribuirán a mejorar la planificación del transporte.
6. ODS 13 “Acción por el clima”. Fundamentalmente, al fomentar el uso de tecnologías y de combustibles limpios, bajos en emisiones, que contribuyan a descarbonizar el transporte en sus distintos modos.

El Ministerio de Transportes ha capitaneado el cambio (ha sido el catalizador o facilitador de la alianza), pero se ha sometido a un proceso de participación pública -el “Diálogo Abierto de Movilidad”- y a otros procesos de participación ciudadana. En ello se advierte el carácter multi-actor de la alianza, así como multi-nivel, porque han participado todas las Administraciones territoriales de nuestro país en el diseño y contenido de la Estrategia, ya que todas tienen competencias en esta materia, de un modo u otro.

El sentido de esta macro colaboración se aprecia en que solo desde la participación y entendimiento de todos los agentes implicados en el ecosistema de la movilidad, empezando por los ciudadanos, se podrán encontrar soluciones a los retos de la movilidad del futuro. La cooperación es, además, imprescindible porque las transformaciones a realizar no afectan únicamente al transporte, sino también a sectores tan dispares como el de la energía, el urbanismo, la industria, las telecomunicaciones, la innovación, la fiscalidad o el territorio. Y, sobre todo, porque la nueva movilidad exige concienciar a la ciudadanía para que adopte patrones de conducta diferentes a los actuales, es decir, se trata de actuar también sobre el software, tarea en la que el tercer sector es determinante.

2. Yo creo que, fundamentalmente, el hecho de que la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, parta de la base de dos axiomas que hacen de ancla: el primero, el cambio del concepto de movilidad, que deja de referirse sólo al transporte desde una perspectiva tradicional, –el desplazamiento de personas o bienes, entre un origen y un destino, consumiendo recursos cuantificables–, y pasa a incluir todos aquellos condicionantes, necesidades, motivaciones y percepciones de los individuos, situando al ciudadano y al usuario en el centro de todo el sistema. El segundo, el cambio de paradigma en el propio MITMA, que pasa de tener una visión centrada en la provisión de infraestructuras y servicios de transporte, a constituirse como Ministerio de transportes y movilidad en su conjunto, con la intención de liderar una auténtica política nacional de movilidad y transportes, priorizando el beneficio social de su actuación. La mejor garantía de la sostenibilidad en el tiempo de esta alianza es que la Estrategia va a tener un complemento permanente en forma de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, actualmente en tramitación parlamentaria, que dará respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos a que se enfrenta nuestro país, promoviendo una fiscalidad verde en el transporte, estableciendo un sistema de financiación del transporte público urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, e impulsando su innovación y digitalización, entre otros aspectos. 

3. Mi organización, la Dirección General de la Marina Mercante, forma parte del Ministerio de Transportes, por lo que somos parte de la Estrategia y la consecución de sus objetivos en lo que al transporte marítimo de personas y mercancías se refiere.

Reto 1: ¿Conoces si existe algún plan de localización de ODS en tu Administración?

 

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son varios los proyectos o estrategias puestas en marcha que están alineadas con la Agenda 2030. 

Así, ya es una realidad la Agenda Urbana Española, que es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados. Para lograr la sostenibilidad de las políticas urbanas en 2030, se ha desplegado un decálogo de objetivos estratégicos que, a su vez, se articulan en 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación a modo de menú de opciones para que los municipios interesados puedan elaborar sus propios planes de acción adaptados a las características y necesidades particulares de su entorno. 

Por su parte, con la Mesa de Movilidad Rural, se pretende crear un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado (Ministerios de Transportes y de Transición Ecológica), con las Comunidades Autónomas (a las que pertenece la competencia sobre la movilidad rural) y entidades locales para la identificación de distintas tipologías de soluciones de movilidad, casos de éxito, barreras para su implantación y puntos débiles que puedan llevar como resultado el impulso, la aceleración y la optimización de las soluciones de movilidad rural.

La Estrategia Estatal por la Bicicleta se ha diseñado con el objeto de coordinar las diferentes políticas y acciones en torno a la promoción de este medio desde todos sus ángulos, desde la movilidad hasta sus beneficios para la salud, pasando por su uso recreativo y deportivo, por el desarrollo empresarial del sector o como base para un turismo basado en la bicicleta.

Pero es sobre todo la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2020–2030, que busca dar respuesta a través de 9 ejes estratégicos y 40 líneas de actuación a los retos actuales en materia de movilidad y transporte, lo que se alinea con los Objetivos 13 y 14 de Agenda 2030.

Haciendo un análisis muy somero de la misma, yo resaltaría que las principales fortalezas de la Estrategia son las siguientes:

1. Su elaboración y modelado fue presidido por un proceso de reflexión previo muy intenso, que le confiere además un carácter multi-actor. Así, la Estrategia comenzó con la forma de un Documento para el debate que fue la base de un ambicioso proceso de participación pública, conocido como Diálogo Abierto de Movilidad, para entablar un debate real con todos los actores del ecosistema de la movilidad y con la sociedad en su conjunto. 

2. Su carácter multi-nivel. En efecto, la Estrategia se basa en la cooperación, coordinación e integración interadministrativa, es decir, los tres niveles territoriales existentes en la Administración española, consecuencia de la distribución competencial entre ellas y del hecho de que, pese a ello, los intereses y objetivos a conseguir son comunes a todos ellos.

3. La concepción holística de la movilidad que subyace en ella, toda vez que la concibe como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Aspira a dar soluciones a los problemas reales de movilidad de los ciudadanos, así como garantizar un sistema de transportes y logística eficiente, sostenible y resiliente. 

4. Su plena alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de lucha contra el cambio climático, ya que la Estrategia persigue hacer frente a los retos en movilidad y transporte que nos plantea el siglo XXI, como la necesidad de descarbonizar la economía, la irrupción de nuevas tecnologías y los desafíos producidos por la concentración cada vez mayor de población en las grandes ciudades. Los medios elegidos para ello priorizan aquellas inversiones que supongan un mayor beneficio social y abracen soluciones de movilidad cotidiana, la digitalización, la intermodalidad o la seguridad.

En la parte que más me concierne, como miembro de la Dirección General de la Marina Mercante, las medidas se alinean con la Estrategia de la Organización Marítima Internacional para la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero y con el paquete denominado "Pacto Verde" de la Comisión Europea. 

Como complemento a la Estrategia de Movilidad, se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que dará respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta nuestro país, promoviendo una fiscalidad verde en el transporte, estableciendo un sistema de financiación del transporte público urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, e impulsando su innovación y digitalización, entre otros aspectos.

Puede consultarse la citada Estrategia en el enlace:  https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/ejes/211223_es.movilidad_accesibilidad_BAJA_vf.pdf

Primera entrada en el blog y presentación

 

Hola a todos.

Soy Javier Fernández Abad, vocal asesor en la Dirección General de la Marina Mercante, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Encantado de entrar a fondo en la Agenda 2030 y examinar los retos que afectan al mar y al transporte marítimo.

Desde mi Dirección General y mi Ministerio podemos emprender muchas iniciativas en pro de la sostenibilidad del transporte y por una reducción de las emisiones contaminantes.