Reto 3: Compartiendo “proyectos ODS”

¿La Administración está lanzando un proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente “emprendedor”?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), como ya he comentado en mis anteriores entradas, ha desarrollado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con el horizonte del año 2030. La misma se vertebra a través de 9 Ejes con sus correspondientes medidas de ejecución, que son claro ejemplo de la definición de objetivos y de su consecución "sin dejar a nadie atrás". Destaco aquí el Eje 4, dedicado a la Movilidad de bajas emisiones, porque se centra en apoyar el desarrollo de fuentes de energías alternativas y sostenibles para el transporte; en estimular los medios de transporte de bajas emisiones, para reducir la contaminación atmosférica y acústica del transporte; y en la renovación del parque de vehículos para reducir su edad. 

Esta Estrategia responde a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, e inspirada en los principios del Pacto Verde Europeo. Por todo ello, la Estrategia había de ser capitaneada por el Estado, y más en concreto por el MITMA, que, por tener competencias en transporte en el territorio nacional, es el actor adecuado para dirigir las nuevas políticas de movilidad, con un enfoque integrador y homogeneizador. En efecto, tiene adscritas un número relevante de entidades y empresas que tienen una función esencial en la movilidad. Algunas son entidades gestoras de infraestructuras, como Aena en el caso de los aeropuertos de interés general; Adif y Adif-Alta velocidad como gestores de la red ferroviaria de interés general; o Puertos del Estado como gestor del sistema portuario de interés general. Otras de las entidades adscritas son prestadoras de servicios, como Enaire, que provee los servicios de navegación aérea, o Renfe, operadora y prestadora de servicios ferroviarios, tanto de viajeros como de mercancías. Y otras, como AESA, SASEMAR y AESF lideran la supervisión de la seguridad. Estas entidades adscritas al MITMA actuarán como punta de lanza de este nuevo enfoque en el ámbito de la movilidad.

¿De qué manera el sector público adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?

Al tratarse de una estrategia nacional para el transporte, solo el sector público puede ser catalizador del cambio, pero además, en un sentido amplio, y no solo referido al MITMA, porque las transformaciones que la estrategia implica no interpelan únicamente al transporte, sino también a sectores tan dispares como el de la energía, el urbanismo, la industria, las telecomunicaciones, la innovación, la fiscalidad o el territorio. En segundo lugar, porque hay distintas Administraciones con competencias en la materia. Y, finalmente, porque la nueva movilidad exige concienciar a la ciudadanía para que adopte patrones de conducta diferentes a los actuales, aspecto en el que pueden colaborar también los medios de comunicación, universidades, sindicatos y asociaciones. 

El sector público cuenta, además, con diversos instrumentos para poder desarrollar una política de movilidad nacional: 

• La regulación, como la capacidad de impulsar textos legales y de desarrollar, a través de varios Ministerios, normativa en los ámbitos en los que la Administración General del Estado tiene competencias. En este sentido, la Estrategia culminará con una futura Ley de Movilidad Sostenible actualmente en tramitación parlamentaria. 

 • Un alto presupuesto de inversión, que se puede asignar a la ejecución de las distintas iniciativas y reorientar hacia la consecución de los objetivos y principios de la Estrategia de Movilidad. Destaca el papel que tendrá el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. 

• Las empresas y entidades públicas vinculadas al MITMA que, como gestores de infraestructuras, proveedores y operadores de servicios, tendrán un papel esencial a la hora de cumplir los objetivos de la Estrategia y actuarán como “punta de lanza” en muchas de ellas 

• Instrumentos de coordinación y cooperación entre Administraciones y la sociedad. En este sentido, teniendo en cuenta estos principios, la Estrategia se sometió a un proceso de participación pública ambicioso: el “Diálogo Abierto de Movilidad” de 100 días de duración, en el que se puso a disposición pública un documento borrador inicial de la Estrategia (“Documento para el Debate”), se realizaron todo tipo de eventos y se utilizaron herramientas de participación ciudadana sobre la base de una página web. Adicionalmente al Diálogo Abierto, se llevaron a cabo una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, encuestas a agentes del sector y talleres territoriales sobre movilidad cotidiana con ciudadanos de diversos municipios españoles.

¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?

De ninguna manera habría sido posible, porque la Estrategia tiene algunos elementos integrantes que no están al alcance de la iniciativa privada. Cierto es que los rápidos avances en tecnología y los cambios en las pautas de movilidad han generado incertidumbres en el sector del transporte en general, acentuadas en el sector público en particular, donde generalmente la velocidad de adaptación es menor. Pero, las políticas de movilidad, por su carácter transversal, requieren de la coordinación y cooperación entre todas las Administraciones públicas y otros agentes involucrados, para tener en cuenta las distintas perspectivas y crear una base de conocimientos compartidos. 

Además, el MITMA desempeña en la Estrategia un papel dual como catalizador de la innovación, a saber: de un lado, como garante de derechos (seguridad de los usuarios, calidad del servicio, el mantenimiento de los puestos de trabajo, etc...)  y de la igualdad; y, de otro, como planificador y gestor de servicios públicos en una economía de mercado eficiente, facilitando un desarrollo de la actividad económica libre de cargas u obstáculos innecesarios y sin interferir en el espíritu innovador del sector privado. Asimismo, el MITMA ha diseñado una estrategia en la que el centro de la movilidad es el usuario, y los proyectos de transporte inciden directamente en la vida de las comunidades donde se ejecutan. Por este motivo, la planificación se ha basado en un proceso de participación pública abierto y transparente, buscando la implicación real por parte de la ciudadanía (public engagement). Todo esto hubiera sido difícil de conseguir por el sector privado exclusivamente.